Nuevo servicio de Ebasa Movilidad

Ebasa Movilidad ha empezado a colaborar con Santander Consumer Finance, la Empresa de Financiación al Consumo más solvente del mercado y perteneciente al mayor grupo bancario de España.
Gracias a esta colaboración, nuestros clientes podrán financiar el 100% de la compra de cualquier producto mediante un préstamo personal con unas inmejorables condiciones económicas.
Se puede financiar cualquier cantidad hasta un plazo máximo de 5 años (60 meses) y hasta un plazo máximo de 2 años (24 meses) sin intereses.
Desde nuestro Departamento de Contabilidad informamos, el mismo día en que recibimos los datos necesarios por parte de nuestros clientes, si la solicitud de financiación ha sido aceptada.
Gracias a este nuevo servicio que ofrecemos en Ebasa Movilidad nuestros clientes podrán adelantar la compra de su salvaescaleras o elevador sin necesidad de ahorrar y repartiendo el gasto en cómodas mensualidades. En definitiva, comprar lo que necesita en el momento que lo necesita.

Sillas de ruedas personalizadas.

Gracias a nuestra larga experiencia en el mundo de la eliminación de barreras arquitectónicas sabemos que a la hora de adquirir una silla de ruedas lo más importante es buscar una solución que se ajuste a la perfección a las necesidades del usuario y encontrar así la solución más segura y efectiva. Es por ello que en Ebasa Movilidad no sólo contamos con una amplia gama de sillas de ruedas eléctricas y manuales, sino que gestionamos pedidos de sillas de ruedas especiales para cuando se tengan unas necesidades especiales, tales como adaptaciones para equipos respiratorios, mandos manejados con el pie, distintas formas y ubicaciones del joystick, botones pulsadores asignables y un largo etcétera.

Y para poder encontrar le mejor solución posible es fundamental una buena comprensión de las necesidades específicas del usuario, por eso es importante obtener la máxima información posible. Para gestionar un pedido de una silla de ruedas específica o personalizada realizaremos fotos del usuario para comprobar cómo está sentado en su silla actual, tomaremos las medidas del usuario, tendremos que saber el peso del usuario, si la discapacidad es o no progresiva, el tipo y modelo de la silla de ruedas que está utilizando, el entorno en el que se va a utilizar la silla, el tiempo que pasa el usuario sentado en la silla, actividades sociales, etcétera. Y una vez obtenida la información se comprobará si es posible adaptar una silla a las necesidades del usuario y que no comprometa su seguridad.

La UJA pone en marcha el primer máster de accesibilidad

El primer máster de Andalucía sobre accesibilidad universal se cursará en Jaén. La Universidad jienense inauguró el pasado viernes esta nueva oferta académica, que cuenta con la colaboración de la Fundación ONCE. Cuenta con 30 plazas y abordará materias como accesibilidad en el entorno físico, así como las tecnologías de la información y comunicación.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que presidió la inauguración, agradeció a la UJA que sea pionera una vez más “en algo tan importante como es la accesibilidad, que hace la vida más fácil a más de 700.000 personas en toda Andalucía”.

Pese a ser su primer año, la Universidad ha registrado una gran demanda para cursarlo. El rector, Manuel Parras, destacó que demuestra “el interés, la inquietud y la sensibilidad por parte de los profesionales, que son conscientes de que la forma de no tener que hacer nada paliativo es diseñar”.

Este título, que tiene como finalidad formar en este ámbito a profesionales que trabajan en la creación del entorno, los productos y los servicios, consta de un total de 60 créditos y tiene un carácter semipresencial. El programa formativo cuenta con dos itinerarios, uno relativo a la accesibilidad del medio físico y otro sobre la que se da en tecnologías de la información y comunicación.

Sobre esta materia hay una carencia importante de formación en el ámbito universitario andaluz, algo que fue señalado por el director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, Jesús Hernández, quien insistió en que este máster de la UJA es “necesario para conseguir profesionales y especialistas”.

Entre los objetivos del máster está conocer la problemática relacionada con la accesibilidad, diagnosticar los problemas de accesibilidad en edificación, urbanismo y transporte, elaborar un catálogo de buenas prácticas, identificar las herramientas tecnológicas destinadas a la accesibilidad y hacer accesible la tecnología, la cultura, el ocio y el tiempo libre.

Fuente: www.andaluciainformacion.es

La primera revista científica sobre accesibilidad universal es ya una realidad.

El objetivo principal de La Ciudad Accesible es generar sinergia entre el entorno académico y profesional a través del intercambio de conocimiento.


La Ciudad Accesible se ha convertido en la primera revista en funcionamiento que aborda la accesibilidad universal desde un punto de vista científico. Nace con una vocación internacional ya que se puede publicar en español, inglés y portugués, siendo digital su publicación y a final de cada año será editada y maquetada en formato PDF.


Con carácter multidisciplinar y transversal, pretender ser una herramienta para la difusión, divulgación e intercambio de conocimiento entre investigadores y profesionales donde cualquier estudiante universitario o de postgrado, profesional, docente o investigador, puede publicar tras la revisión pertinente del consejo asesor y de evaluación compuesto por un equipo referente en la materia a nivel internacional.

En el consejo asesor y de evaluación habrá expertos y profesores universitarios de Perú, México, Uruguay, Costa Rica y Colombia y España, , entre los que destaca entre otros Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE.

Entre las entidades colaboradoras figuran la Cátedra de Accesibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) y América Accesible.

Más información en http://revistacientifica.laciudadaccesible.com/

Fuente: La Ciudad Accesible.

La Ley de Dependencia está paralizada.

La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de esper.

El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.

Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades. En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.

La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024. "Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado". Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa. "Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos. "A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes. Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".
Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".

Fuente: El Pais

´Falsos´ minusválidos mienten por un aparcamiento.

El Gobierno local de Murcia convocó el pasado martes 25 de octubre a asociaciones de discapacitados para dar cumplimiento a una de sus promesas electorales: la creación de una Oficina de la Accesibilidad, y que ya ha recibido sus primeras denuncias. La primera fue la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), cuyo representante, José Gracia, se quejó de las tarjetas que el Ayuntamiento concede para aparcar en las plazas de minusválidos.

Según denuncia Gracia, en el municipio existen 2.000 tarjetas de estacionamiento para 200 plazas y se ha detectado un mal uso de esas autorizaciones por parte de personas que las utilizan sin tener movilidad reducida. «Hemos observado que le cogen la tarjeta al minusválido y las ponen en sus coches sin transportar a ningún discapacitado. Incluso hemos comprobado que hay muchas falsificadas o escaneadas y a nombre de personas que están en residencias de ancianos». Aspaym pidió en esta primera reunión formal poner coto a esta situación y que se incrementen las multas por esa conducta. También reclamaron un plan integral de accesibilidad, la aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de la Ley de Accesibilidad de la Región de Murcia y que los autobuses sean de plataforma baja. «Hay asociados nuestros que tienen que dejar pasar hasta tres autobuses para llegar a su destino. Muchas veces el vehículo no cuenta con esta tecnología, o no funciona o el conductor no sabe accionarla». El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que presidió está primera reunión formal de la Oficina junto a la concejala de Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Alicia Barquero, contestó que «vamos a trasladar todas estas quejas a Latbus, la concesionaria de las líneas de autobús, para que se ponga a trabajar». El primer edil hizo hincapié en que Murcia es ahora un municipio más accesible y que así lo demuestran los reconocimientos a nivel nacional obtenidos.

Atención en el 010 y la web
La Oficina de la Accesibilidad tendrá como objetivo prioritario garantizar que todos los proyectos constructivos respondan a unos parámetros básicos de modo que cualquier persona, con o sin discapacidad, encuentre una ciudad sin barreras ni obstáculos y para ello contará con un técnico que supervisará los proyectos junto a las asociaciones. Físicamente estará ubicada de manera provisional en el despacho de la concejala Barquero y posteriormente en el edificio de Abenarabi. Los ciudadanos podrán contactar con ella en el teléfono 010 y en laweb municipal (murcia.es). A esta primera reunión asistieron también Aspanpal (niños con problemas de audición), Once, Famdif-Cocemfe- y Feaps.

Fuente: La Opinión de Murcia

El CERMI propone medidas para mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad en el autoempleo.

Así, el CERMI realiza estas propuestas con el fin de hacer efectivo el mandato constitucional que responde a la obligación por parte de los poderes públicos de realizar políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado al director general de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Gascón Catalán, la propuesta de incluir distintas medidas por parte de la Administración Tributaria, con el objetivo de mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad en el autoempleo.
Así, entre las medidas que plantea el CERMI, destaca la reducción incrementada en 2012 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva. Es decir, propone que la reducción del 5% se incremente al 8%, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
Por otra parte, el CERMI pide también la inclusión de índices incrementados para el caso de personas con discapacidad, dentro del índice corrector para empresas de pequeña dimensión.
Sería el caso de que los titulares de la actividad sean personas físicas que la ejercen en un solo local, sin personal asalariado y sin más de un vehículo afecto a la actividad, cuya capacidad de carga no supere los 1.000 kilos. En este sentido, el CERMI pide la inclusión de índices incrementados para el supuesto que el titular de la actividad sea además una persona física con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
El CERMI explica que esta medida se propone en base a la necesidad de generar empleo entre las personas con discapacidad junto con la menor capacidad para generar ingresos, patente en el caso de aquéllas que son además titulares únicos de la actividad, sin ningún tipo de personal a su cargo.
Según los datos que se extraen en relación al empleo de las personas con discapacidad en la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad del Instituto Nacional de Estadística (año 2008), “el 66.5% de las personas en edad de trabajar con discapacidad legalmente reconocida eran inactivos, mientras que, en términos comparativos, el porcentaje de inactivos para la población sin discapacidad era del 25,1%”.
Por ello, el CERMI opina que este dato demuestra que “el incentivo al empleo de las personas con discapacidad es un mandatos que ninguna de las Administraciones Públicas ha de olvidar y ha de tener presente en todas y cada una de las actuaciones que, dentro de sus competencias, lleva a cabo”.
El CERMI también indica “la clara desventaja económica derivada del sobrecoste que este colectivo y sus familiares han de hacer frente a consecuencia de la discapacidad”.
Asimismo, recuerda la intención manifestada por la Comisión Europea en la Estrategia Europea sobre la Discapacidad 2010-2020, por la que se quiere posibilitar que “el mayor número posible de personas con discapacidad tengan ingresos por actividades laborales en el mercado de trabajo ‘abierto’ y contribuir así a la consecución de objetivos en materia de empleo que se ha fijado la UE”.
Dentro de este contexto, el CERMI agradece el interés que se ha manifestado a lo largo de los últimos años por parte de la Administración Tributaria, pero, al mismo tiempo, considera necesarias estas propuestas, a pesar de la situación de crisis y con el fin de incrementar la tasa de autoempleo entre las personas con discapacidad en línea con lo previsto, no sólo por la Comisión Europea, sino también por la Administración española en la Estrategia Global para el Empleo de Personas con Discapacidad.
Por último, el CERMI explica que las propuestas planteadas responden a la necesidad de hacer efectivo el mandato constitucional que supone la obligación por parte de los poderes públicos de realizar políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Fuente: CERMI.